Las cadenas de televisión tienen provisionado desde el año pasado la cantidad destinada a pagar el 3 por ciento de sus ingresos brutos para financiar RTVE, según establece la Ley de Financiación de la Corporación, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2009, pero aún no se han reclamado estos fondos.

Así, varias fuentes del sector consultadas por Europa Press afirman que las cadenas todavía no han recibido una petición para hacer efectivo este pago, a pesar de que estaba previsto que a principios de año desembolsaran el importe proporcional correspondiente al último trimestre de 2009, cuando RTVE ya no contrató publicidad.

De acuerdo a la Ley de Financiación de la Corporación RTVE, la gestión, liquidación y recaudación de la aportación corresponden a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), pudiendo utilizar para la efectividad del cobro de la misma la vía de apremio, cuya gestión se realizará por los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Según el borrador del proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de Financiación de RTVE, al que ha tenido acceso Europa Press, los pagos deberán efectuarse en los meses de abril, julio y octubre a cuenta de la aportación que se devengue el 31 de diciembre de cada año.

El importe del pago a cuenta, para cada uno de las fechas indicadas, se fija en el 25 por ciento del resultado de aplicar el porcentaje señalado a los ingresos brutos de explotación facturados en el año anterior o, en su caso del último año liquidado.

La ley, que supuso el fin de la publicidad en la cadena pública, establece que RTVE se financiará mediante un porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico y mediante tasas a los canales privados en abierto (el 3% de sus ingresos brutos), de pago (el 1,5% de sus ingresos brutos) y a empresas de telecomunicación (el 0,9 por ciento de sus ingresos).

La Comisión Europea dictaminó la semana pasada que el nuevo sistema de financiación de RTVE respeta la normativa comunitaria sobre ayudas públicas porque garantiza que la televisión pública "no recibirá una compensación excesiva por prestar servicios públicos de radiodifusión".

No obstante, el Ejecutivo comunitario mantiene abierto el procedimiento de infracción para determinar si es legal o no la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad.